Viviana Lima, de la Asesoría de Discapacidad, se refirió a la delicada situación que atraviesan los centros que brindan atención a personas con discapacidad debido a la falta de actualización del nomenclador nacional de prestaciones. Este problema afecta directamente la financiación de servicios esenciales como terapias, centros de día y traslados, comprometiendo la continuidad del acompañamiento a cientos de personas.

«El nomenclador es el sistema que establece el valor de todas las prestaciones que reciben las personas con discapacidad», explicó Lima. «Incluye desde asistencia en centros de día de jornada simple o completa, terapias, traslados, entre otros. Estos valores están congelados desde diciembre y han quedado desfasados frente al contexto económico actual».

El nomenclador de discapacidad para 2025 aún no ha sido actualizado, por lo que se mantienen los valores vigentes de diciembre de 2024. Esta situación ha puesto en jaque a prestadores y centros especializados, como el Centro de Día Nuevo Sol y APID, que trabajan con obras sociales tanto provinciales (como OSEP) como nacionales, incluyendo PAMI y el programa Incluir Salud. “Están en una situación donde pueden continuar, pero no saben por cuánto tiempo más”, advirtió Lima.

Desde el municipio, se ha brindado apoyo a estas instituciones, con reuniones y gestiones ante el Consejo para que diputados y senadores acompañen el proyecto de ley de emergencia en discapacidad que permitiría actualizar el nomenclador. «Nos preocupa como municipio, porque son muchos los chicos que asisten y la calidad del servicio es excelente», subrayó.

Familiares de personas con discapacidad reclamaron por una Ley de Emergencia.

Lima también se refirió al proceso de auditorías de pensiones por discapacidad que se está realizando a nivel nacional. En General Alvear se estiman más de 700 auditorías. “Muchas personas no recibieron la notificación o no pudieron asistir, por lo que se está haciendo una segunda etapa más corta. Estamos colaborando para facilitar estos trámites”, aseguró.

Finalmente, Lima resaltó la falta de comprensión del contexto territorial por parte de los responsables de las auditorías, que provienen de Buenos Aires. “No entienden las distancias ni las dificultades de transporte en zonas como Carmensa o Villa Atuel. Aun así, los médicos han mostrado flexibilidad para atender estos casos”, concluyó.

El municipio continúa acompañando a las familias y prestadores mientras se espera una respuesta del Gobierno Nacional que permita garantizar la sostenibilidad de estos servicios fundamentales para las personas con discapacidad.