Avanza en la Legislatura provincial la ley por la que se prohíbe que ocupen cargos públicos electivos y ejecutivos los condenados por diversos delitos.
El proyecto fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados mendocina, por 48 votos positivos y uno negativo de la representante de la izquierda política, y fue enviado en revisión al Senado.
Contempla que no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni postulantes en comicios generales a cargos públicos, ni funcionarios estatales las personas que se encuentren condenadas, en juicio oral y público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por delitos contra la administración pública, es decir, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.
Durante la sesión de ayer se incorporó, además, la prohibición de acceder a esas candidaturas y cargos a los condenados por delitos económicos y contra la integridad sexual, la libertad y el estado civil de las personas.
El proyecto había sido presentado por la diputada radical María José Sanz y contó con el apoyo de miembros de su bloque y de la amplia mayoría del resto de las bancadas, que realizaron aportes, tanto en comisión como en el recinto, los que fueron aceptados por el oficialismo. Sin embargo, durante la discusión en particular, la oposición representada por el justicialismo y el Frente de Todos se abstuvo de votar el inciso por el que se decidió no esperar hasta las sentencias firmes.
En concreto, se trata de una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. La misma determina, entre otros puntos, quiénes pueden (o no) postularse a los cargos electivos locales.
Sanz explicó que «los responsables directos van a ser los partidos políticos». Por esto, si un espacio político inscribe a alguien con alguna de estas condenas, la Junta Electoral le dará aviso, tendrá 24 horas para hacer un reemplazo y, si esto no ocurre, toda la lista quedará inhabilitada.
La semana pasada, el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, participó de un encuentro en el que recibió dos documentos que suman más de 350 mil firmas en apoyo a la iniciativa.
Finalmente, el oficialismo acumuló un expediente de Gustavo Cairo (PRO) que establece que «los funcionarios de los poderes ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública».
La discusión continuará en el Senado, donde -de no existir modificación a lo aprobado en Diputados- se convertirá en ley.
