Datos alarmantes arrojó la investigación de las cuentas públicas de Mendoza, solicitada por la vicegobernadora Laura Montero a la Auditoría General de la Nación (AGN).
La deuda total de Mendoza asciende a $16.464 millones. De estos, $1.135 no cuentan con ningún procedimiento administrativo que los justifique.
A los municipios se les debe $500 millones en concepto de ingresos coparticipables.
El mayor problema es que en el monto total de la coparticipación, la AGN encontró una suma de $109 millones a la que denominaron «diferencia contable». Se trata de la desigualdad en las cuentas entre lo que ingresó, lo que se pagó y lo que se debe, de la que se desconoce su utilización.
La deuda de los municipios auditados también ha crecido en forma alarmante. Otro tanto ha sucedido con el personal de algunos organismos descentralizados y las comunas revisadas.
Lo que se pidió investigar
Cornejo advirtió de que, en virtud de haber corroborado las sospechas que tenían sobre el estado de las cuentas provinciales, pediría al fiscal de Estado Fernando Simón –proveniente de la gestión peronista anterior– que investigue qué ha sucedido y si encuentra que los ex funcionarios han actuado en perjuicio de los intereses de Mendoza, habrá que realizar «todos los actos útiles» para que intervenga la Justicia.
Por un lado, se mostró lo que la gestión de Pérez le legó a Cornejo: un pasivo de $16.464 millones. Compuestos por una deuda transitoria de $3.700 millones, una deuda flotante (la que ha sido devengada, pero no pagada) de $5.074 millones, una deuda no registrada (o «pinche») de $1.135 millones, y una deuda consolidada –es decir, la que arrastra hace años– de $6.562 millones.
De este total, el 60% vence a muy corto plazo, mientras el 28% lo hace a corto y el 12% a largo plazo.
En cuanto a la composición de la deuda, lo llamativo es la conocida como deuda «pinche». De ésta, que en un principio se vaticinaba que sería de $500 millones, cifra que terminó siendo más del doble de ese número previsto, el 70% corresponde al IPV y al Instituto de Juegos y Casinos. Mientras, el 30 % restante se divide entre la cárcel, el Ministerio de Seguridad, Salud y Transporte, entre otras áreas.
