El Gobierno Nacional comenzó a implementar una revisión del régimen de zonas frías, un beneficio que reduce el costo del gas natural en distintas provincias, entre ellas algunas zonas de Mendoza.
La medida apunta inicialmente a los usuarios que poseen dos o más medidores a su nombre, con el objetivo de reducir el porcentaje de bonificación en los medidores adicionales. Sobre este tema, Romina Ríos, referente provincial de la ONG Protectora, brindó una explicación detallada sobre cómo se aplica esta disposición, a quiénes alcanza y qué debates de fondo debería suscitar.
“Lo que ha hecho el Gobierno, a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Planificación Energética, es revisar correctamente el registro de usuarios de zonas frías y detectar a aquellos que tienen dos o más medidores a su nombre”, explicó Ríos, quien además remarcó que el registro fue creado en 2021 y es el instrumento base para realizar este tipo de controles.
En concreto, la modificación establece que, en lugar de recibir un 50% de descuento por el beneficio de zona fría, los medidores adicionales registrados a un mismo usuario pasarán a tener un 30%. “Esto es lo que en términos resumidos implica esta medida”, detalló. Sin embargo, aclaró que el resto del esquema de zona fría “sigue manteniéndose de igual manera”.
La referente también se encargó de distinguir entre el beneficio de zona fría y los subsidios al consumo energético. “La ley de zonas frías como tal no es un subsidio, es un beneficio al que aportamos todos los argentinos que somos usuarios de la red de gas natural a través de un ítem que pagamos en nuestra factura”, explicó, y agregó que “es diferente al esquema de subsidios que sí aporta el Estado Nacional a través del Tesoro”.
En este punto, hizo una observación significativa: “No es que el Gobierno Nacional se mete la mano en el bolsillo para beneficiar a la gente, sino que es la misma gente la que beneficia a otros argentinos”, en referencia al modo en que se financia el fondo compensador que sostiene la ley de zonas frías.
Respecto de la implementación concreta de esta medida, Ríos indicó que “ya comenzó a regir desde el día de hoy (por ayer martes)” y que “han detectado alrededor de 138 mil usuarios que tienen estos medidores a su nombre, que son a los que se les aplicaría esta reducción del 50 al 30 por ciento”. Según explicó, el operativo comenzó en la provincia de Buenos Aires y luego se extenderá al resto del país, aunque en Mendoza aún no se tiene el número certero de cuántos usuarios serán alcanzados.
Consultada sobre la posibilidad de que se sumen más restricciones, respondió: “No sabemos si va a haber algún otro tipo de modificación o si van a poner criterios más restrictivos, pero en principio por ahora solamente revisar a esos usuarios que tienen dos o más medidores a su nombre”.
También hizo una aclaración importante respecto a los inquilinos: “Tendrían que tener registrado el servicio a su nombre para poder ser beneficiarios de los subsidios. Registrándose para el esquema de subsidios, ya va a aparecer el medidor como titularidad del inquilino, no del propietario”.
Más allá del detalle técnico, Ríos aportó una lectura política y social sobre el tema. “Todo lo que viene a suceder ahora es un cambio en la mentalidad de los argentinos también. El tema de subsidios nunca se debatió como tal porque el usuario ya recibía en su factura el subsidio incorporado”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “cuando hay que empezar a ajustar números por distintas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional o por ajustes internos del Estado Nacional, empieza a cambiarse esta mentalidad”.
“Realmente el subsidio tiene que estar focalizado en quien lo necesite. Hay muchos usuarios que no lo requieren y lo siguen manteniendo”, remarcó. Para Ríos, esta situación genera un debate necesario, aunque cargado de tensiones políticas: “Va a generar toda esta discusión, pero es mucho más profunda y más seria. Toda la materia de servicios públicos tiene que ser una discusión seria y a lo largo de un tiempo para que pueda mantenerse”.
Criticó también la falta de continuidad en las políticas energéticas. “No que cuando asume uno, planchamos las tarifas, las congelamos. Cuando asume el otro, las actualizamos y hacemos un 1.600% de actualización. Cuando asume el otro, volvemos para atrás y pisamos. Si hay una pandemia, pasa esto mismo. Si no hay pandemia, de estos actualizamos. Pero el Estado aporta mucho, volvemos a quitar los subsidios”.
Finalmente, llamó a la ciudadanía a ser parte activa del proceso: “Es importante que el usuario, por lo pronto, esté informado, se eduque en materia de consumo y sepa qué es lo que está pagando y qué es lo que no está pagando. Y también sepa reclamar lo que le corresponde por su situación económica”.
