«Un gobernador que se apoya constantemente en la mirada del ciudadano común”, dijo Alfredo Cornejo sobre el final de su discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura. Y así parece, al menos por el tenor del principal anuncio que hizo en ese mensaje: en las próximas horas remitirá a la Legislatura un proyecto de ley para obligar a los presos a trabajar mientras estén cumpliendo condena.
Más aún, la intención es que los beneficios a los que accedan los internos de los presidios mendocinos, como reducción de penas o salidas transitorias, estén atados a ese desempeño laboral.
Pero el anuncio que más llamó la atención y que más polémicas desatará es la del trabajo de los presos. De hecho, ayer mismo, desde la oposición la senadora María José Ubaldini (FpV), indicaba que el trabajo dentro de los penales está reglamentado por la ley de ejecución de la pena, la 24.660, y que en el artículo 110 se asevera que no se coaccionará al interno a trabajar.
Una de las críticas es que la propuesta podría ser inconstitucional, porque va en contradicción de la ley nacional 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad. Venier explicaba que el control de la ejecución de la pena es una facultad no delegada de la provincia a la Nación, por lo que la contradicción con la ley nacional no sería un inconveniente.
El proyecto de ley, que Cornejo mandará a Legislatura en las próximas horas, también contiene un detalle llamativo: que el otorgamiento de beneficios por parte del juez de Ejecución Penal previamente pasen por una audiencia oral en la que estén representados las víctimas del recluso y también la prensa.
Respecto del trabajo obligatorio, será bajo formas asociativas, con un pago del que se descontarán los gastos de manutención y para el resarcimiento de las víctimas y para la manutención de sus propias familias.
Serán alcanzados por la obligatoriedad todos los presos condenados; para los procesados en prisión preventiva, la medida será opcional.
