El gobierno anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empezará a pagar los juicios de los jubilados que tengan sentencia firme por reajustes de haberes y que están pendiente de pagos. Fuentes confirmaron que el objetivo es subsanar la deuda antes del 2025, y se pagarán 92 mil juicios desde el Estado.
En ese sentido, el titular de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino, declaró que en principio se trata de una buena noticia. »Si bien este anuncio es positivo, hay que enmarcarlo dentro de una situación muy particular. Estamos hablando de los casos en los cuales ANSES les ha liquidado mal los haberes a los jubilados. Por lo tanto, ese organismo es quien debe reparar el daño con un reconocimiento económico. Lo que venía pasando es que desde hace años la administración nacional los hacía esperar a que cobraran el retroactivo y, cuando lo cobraban, que dependía de un montón de situaciones, a veces pasaban dos años y medio. Por ley, y una vez que la sentencia haya quedado firme, el Estado a través de la ANSES debe pagarlo dentro de los 120 días hábiles», aclaró Eugenio Semino al principio de la nota. «En la ANSES hay un stock de 300 mil expedientes judiciales. Los que están en instancia de sentencia son solamente cerca de 92 mil. Estos son los que se liquidarán a la brevedad», diferenció.
Luego, indicó que la liquidación de las demandas de los jubilados se compone del reajuste del haber y el retroactivo. »Sobre el reajuste del haber, la sentencia dice que en general aumenta un 33% el haber previsional de un jubilado y pensionado, y después, en virtud de ese reajuste, se genera una deuda por el retroactivo», consideró.
»Aparentemente, el plan del gobierno es abonar el retroactivo o la deuda que se generó durante el tiempo que duraron los juicios hacia finales del 2025. En ese sentido, hay que aclarar que estas sumas del retroactivo se pagan con partidas del presupuesto nacional y no con los fondos del ANSES», subrayó.
Más adelante, expresó que existe cierta contradicción entre la intención de pagar los retroactivos de las jubilaciones con sentencia firme y el presupuesto que se destinó para el sector de los jubilados. »Sobre este tema hay cierta duda, o si se quiere una contradicción. La asignación de las partidas es prácticamente la misma que se concedió el año pasado. Solamente un 4 % más, cuando la inflación es del 200%. Por consiguiente, la liquidación de esas sentencias pendientes conlleva a que habrá que hacer una inversión mayor en el sector. No condice la voluntad de liquidar esos retroactivos con la plata que se asigna para la liquidación», advirtió Semino.
»Por otro lado, esas sentencias tienen una tasa de actualización (cercana al 100%) que es mucho menor a la inflación. Entonces, el jubilado va perdiendo su poder adquisitivo también en lo que respecta a esas liquidaciones. El jubilado sigue perdiendo aun cuando ganó el juicio», destacó.
Finalmente, opinó acerca del anunció que hizo Javier Milei sobre la idea del Estado de avanzar con una reforma previsional. »Es simplemente un anuncio que se hizo dentro del marco del Pacto de Mayo. No dice nada en particular. Todos sabemos que el sistema previsional en Argentina no funciona y que se trata de un método sumamente desquiciado. La jubilación en este país está más próxima a ser un programa de subsidio por la edad que otra cosa. El sistema se fue distorsionando a través de los años que conllevó a un deterioro sin soluciones reales. Solamente se fue parchando la rueda cuando la situación no daba para más. Hay cinco millones de jubilados que perciben una mínima de 215 mil pesos con un bono discrecional que sirve para licuar su haber. Me parece una obviedad que se plantee la reestructuración del sistema previsional cuando el mismo está en crisis desde hace mucho tiempo. Esto no se resuelve con la creación de una ley o cambiando una fórmula de ajuste. Acá lo que no se discute son las fuentes del financiamiento. En Argentina un 50% no aporta porque trabaja en negro. En lo que respecta a la parte fiscal, el único aporte que recibe el sistema es el 11% del IVA, el cual es el más regresivo de los impuestos. Si no se debate sobre el principio de cómo financiar el sistema, el resto de las discusiones son totalmente banales», concluyó.
