Movilizaciones a lo largo y ancho de la provincia, una legislatura vallada, cortes de ruta, acuerdos entre los principales partidos políticos, cobertura de medios nacionales e incluso internacionales, vigilias, banderazos, fueron el panorama de un convulsionado diciembre de 2.019 donde el pueblo mendocino le dijo que no (nuevamente) a la mega minería contaminante y ratificó su postura en defensa del agua.
Tras 10 días de históricas movilizaciones, las más más grandes en Mendoza desde el retorno a la democracia, la sociedad mendocina se hizo escuchar y el gobierno de turno, recientemente avalado por las elecciones debió retroceder en sus pretensiones.
“El pueblo se ha expresado en las calles, el pueblo es soberano y lo escuchamos. Acá no hay consenso social para la minería” señalaba en conferencia de prensa, a las 9 de la noche del viernes 27 de diciembre de 2019, el gobernador Rodolfo Suárez. Tres días después, el 30 de diciembre, la legislatura debió derogar la Ley 9.209 y restituir la 7.722.
Hoy habrá movilizaciones en el capital provincial y distintos departamentos.
Recordado la ocasión, Alberto Kobayashi en dialogo con F.M. Viñas expresó “es el aniversario de un hecho histórico, no solo para Mendoza sino para el país y Latinoamérica, respecto a la defensa de los bienes comunes, en la defensa del agua y del patrimonio nacional”.
“El no, no fue sólo para restituir la Ley 7.722, sino también fue un rotundo no contra los pactos y arreglos que tiene la clase política. En ese momento acordaron los dos partidos principales la UCR y el PJ para sumar votos. Se encontraron con que diez días después se produjo el estallido social diciéndoles que no, que defendemos el agua y la vida”, sostuvo.
“Los senadores y diputados son representantes y tienen que responder a las necesidades del pueblo y no a sus intereses” completó.
