El jueves al mediod\u00eda, Rodolfo Suarez, present\u00f3 en la C\u00e1mara de Senadores el proyecto de ley que anunci\u00f3 el martes v\u00eda twitter, sobre la prohibici\u00f3n de equiparaci\u00f3n de cargos y\/o retribuciones al personal del Estado provincial.<\/p>\n
\u201cComo es de conocimiento, ha tomado estado p\u00fablico recientemente la situaci\u00f3n de un grupo de empleados que se han visto beneficiados con la inclusi\u00f3n en un r\u00e9gimen salarial que difiere de las tareas que efectivamente desarrollan\u201d<\/em>, se\u00f1ala el proyecto.<\/p>\n Adem\u00e1s, el texto suma: \u201cCon el af\u00e1n de terminar con situaciones irregulares en el seno del Estado -que no hacen m\u00e1s que alejar a la ciudadan\u00eda del \u00e1mbito natural de su representaci\u00f3n-, se impone la necesidad de profundizar los procesos de transformaci\u00f3n para avanzar hacia un modelo estatal eficiente, donde los recursos de los contribuyentes se traduzcan en m\u00e1s y mejores servicios, al menor costo posible<\/em>\u201d.<\/p>\n El proyecto de ley se\u00f1ala: \u201cEstabl\u00e9cese que ninguna norma o disposici\u00f3n podr\u00e1 equiparar retribuciones por funciones y\/o tareas distintas a las efectivamente prestadas por funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el \u00e1mbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administraci\u00f3n P\u00fablica Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o aut\u00e1rquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participaci\u00f3n estatal mayoritaria\u201d.<\/em><\/p>\n En un mes, todos los organismos del Estado deber\u00e1n regularizar la situaci\u00f3n\u00a0<\/strong><\/p>\n \u201cSupr\u00edmanse los cargos equiparados a magistrados en el Poder Judicial de la Provincia, con excepci\u00f3n de los funcionarios incluidos en Planilla Anexa N\u00b0 2-A de la Ley N\u00b0 4322, y siempre que hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales all\u00ed descriptas al 1 de febrero de 2020. En un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas a partir de la publicaci\u00f3n de la presente, todos los organismos del Estado descriptos en el art\u00edculo 1\u00ba, deber\u00e1n adecuar las situaciones irregulares existentes a lo dispuesto en el mismo, por imperio de esta ley<\/strong>\u201d,<\/em> agrega el documento.<\/p>\n Por otro lado, se\u00f1ala: \u201cAutor\u00edcese a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin de aplicar la presente ley, debiendo cumplir lo ordenado en el plazo de 30 d\u00edas desde su publicaci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n Objetivo: que el ahorro de los salarios se destine a\u00a0<\/strong>reforzar el fuero de Familia<\/strong><\/p>\n La acordada de la Suprema Corte de Justicia, con fecha del 17 de febrero, revel\u00f3 que el fuero de Familia se encuentra colapsado. Por ende, el presidente del m\u00e1ximo tribunal, Jorge Nanclares, plante\u00f3 el traspaso de 60 personas del fuero Civil y la autorizaci\u00f3n del nombramiento de 10 nuevos jueces de Familia.<\/p>\n Es por ello que el proyecto establece:\u00a0\u201cDeterm\u00ednese que, en el plazo de 60 d\u00edas de publicada la presente, la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza deber\u00e1 informar al Poder Ejecutivo los saldos presupuestarios de los ajustes realizados, a fin de que los mismos sean aplicados para reforzar los recursos humanos necesarios para la adecuada prestaci\u00f3n del servicio de justicia en el fuero de familia, todo ello mediante el procedimiento legal pertinente\u201d.<\/em><\/p>\n No pueden haber derechos adquiridos<\/strong><\/p>\n Esta ma\u00f1ana, el Gobernador se refer\u00eda al proyecto de ley de la siguiente manera: \u201cDisponemos que en todo el \u00e1mbito del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos descentralizados no se pueda hacer asimilaci\u00f3n de cargos. Es decir que, si una persona trabaja como secretaria privada y se desempe\u00f1a como tal, debe cobrar como el resto de las secretarias privadas\u201d<\/em>.<\/p>\n Continuando con la explicaci\u00f3n, afirm\u00f3: \u201cEl proyecto proh\u00edbe esta pr\u00e1ctica y emplaza en 30 d\u00edas a todos los organismos que tengan estas asimilaciones a que cesen en las mismas por imperio de la ley, es decir que, al ser ilegal e ileg\u00edtima, no puede haber derechos adquiridos\u201d.<\/em><\/p>\n Ante el planteo de inconstitucionalidad que puedan presentar los empleados que gozan de la asimilaci\u00f3n de cargos, Suarez explic\u00f3: \u201cLos actos jur\u00eddicos del Estado deben ser legales y leg\u00edtimos y esto es ilegal por donde se lo mire.\u00a0Porque cuando uno cobra menos por una labor que tiene que cobrar m\u00e1s, puede recurrir a la Justicia, eso es un principio b\u00e1sico no solamente del Estado sino tambi\u00e9n de la actividad privada\u201d.<\/em><\/p>\n