Viendo el apuro de algunos empresarios, legisladores y funcionarios p\u00fablicos por derogar una ley que surgi\u00f3 de parte de los ciudadanos ante el avasallamiento del poder pol\u00edtico-empresarial, opino que existen muchas acciones previas antes de tratar en el recinto la derogaci\u00f3n de la ley 7722 que tan bien custodia el patrimonio natural de los mendocinos. Desde el inicio de la conflictividad minera all\u00e1 por el 2003, cada autoridad invariablemente prometi\u00f3 algo o todo lo que sigue a continuaci\u00f3n:<\/p>\n
1) Cumplir con la ley N\u00b0 6.654 que crea los tribunales mineros en la provincia de Mendoza: en el a\u00f1o 1998 se promulg\u00f3 esta norma que traslada el poder concedente de los derechos mineros al \u00e1mbito judicial. Esto le dar\u00eda mayor imparcialidad al proceso que hoy administra el Consejo de Miner\u00eda.<\/p>\n
2) Cumplir con la ley N\u00b0 6913 que implementa el c\u00f3digo de procedimiento minero: esta norma fue sancionada y promulgada a mediados de 2001 y ten\u00eda como misi\u00f3n instaurar un nuevo c\u00f3digo m\u00e1s moderno y menos burocr\u00e1tico que el actual que data de 1945. Al poco tiempo la legislatura sancion\u00f3 una nueva norma (Ley 6.635) en octubre del mismo a\u00f1o, aclarando que tanto el c\u00f3digo como los tribunales entrar\u00edan en vigencia una vez que se asignen las partidas presupuestarias correspondientes al a\u00f1o 2002. En el medio vendr\u00eda la crisis de fines de 2001 y estas dos leyes quedar\u00edan en el olvido, sin embargo est\u00e1n vigentes y los sucesivos gobiernos poco o nada se preocuparon por asignarles partidas presupuestarias.<\/p>\n
3) Poner en funciones la polic\u00eda ambiental minera: existe la polic\u00eda minera dependiente de la Direcci\u00f3n de Miner\u00eda de la Provincia que supervisa y controla la labor minera de la que habla el c\u00f3digo de miner\u00eda. Luego la ley 7722 estableci\u00f3 en su art. 4\u00b0 la obligaci\u00f3n de la autoridad ambiental (en esta administraci\u00f3n se llama Secretar\u00eda de Ambiente y Ordenamiento Territorial) de crear bajo su \u00f3rbita este cuerpo de control ambiental de los emprendimientos mineros, lo que nunca se concret\u00f3.<\/p>\n
4) Reglamentar el seguro para los emprendimientos mineros metal\u00edferos: la misma ley 7722 establece adem\u00e1s que la autoridad ambiental deber\u00e1 \u201creglamentar el establecimiento de un seguro de garant\u00eda ambiental\u201d para cada emprendimiento (se entiende metal\u00edfero aunque la norma no lo especifica), congruente con lo normado en la legislaci\u00f3n nacional, particularmente con lo establecido en el art. 22 de la ley 25.675. Este seguro tiene como objetivo activarse en caso de un desastre ambiental que requiera la recomposici\u00f3n del da\u00f1o. Sin embargo, no solamente no se aplica en la miner\u00eda sino en casi ninguna actividad sometida a evaluaci\u00f3n de impacto ambiental en la provincia. En caso de accidente con consecuencias ambientales la mayor\u00eda \u2013por no decir la totalidad- de las empresas que operan en Mendoza no podr\u00edan responder ante la necesidad de recomponer el da\u00f1o ambiental, lo cual nos deja en gran estado de vulnerabilidad social.<\/p>\n
5) Elaborar los informes semestrales a la legislatura: nuevamente la ley 7722 obliga a la autoridad ambiental a elaborar y presentar ante las comisiones legislativas un informe semestral con los avances en la implementaci\u00f3n de las obligaciones establecidas por las normas de protecci\u00f3n ambiental respecto de la miner\u00eda. Nada se ha hecho hasta el momento.<\/p>\n
6) Elaborar un estudio econ\u00f3mico sobre la cadena de valor de la miner\u00eda: venimos discutiendo desde hace 15 a\u00f1os acerca de si la miner\u00eda es buena o mala para Mendoza, pero no existe un solo estudio que refleje los supuestos beneficios de la miner\u00eda para la econom\u00eda provincial. El documento m\u00e1s cercano en este sentido lo elabor\u00f3 el CEM (Consejo Empresario Mendocino) hace unos a\u00f1os, pero no ahonda en el an\u00e1lisis econ\u00f3mico sino que solo esboza algunos conceptos sobre el tema. En 2016 un an\u00e1lisis de la cadena de valor de la miner\u00eda elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno Nacional dej\u00f3 interesantes datos respecto del verdadero lugar que puede ocupar la miner\u00eda como motor que impulse el desarrollo de las regiones. Sin embargo ninguna autoridad local lo ha implementado como complemento a las pol\u00edticas p\u00fablicas de promoci\u00f3n a la actividad minera.<\/p>\n
7) Elaborar los planes de ordenamiento territorial municipales: La ley 8051 de ordenamiento territorial y usos del suelo establece que los municipios son los que ordenan el territorio a nivel de actividades compatibles con la vocaci\u00f3n de sus suelos. Sin embargo luego de haber aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia, se han vencido largamente los plazos establecidos por la ley para que los municipios presenten los propios, y al d\u00eda de hoy solo tres municipios (Lujan de Cuyo, Godoy Cruz y Lavalle) tienen sus planes aprobados. En el caso de que una actividad pudiera tener un impacto socioambiental relevante, podr\u00eda quedar supeditada judicialmente a la elaboraci\u00f3n del plan de ordenamiento territorial, lo que acarrear\u00eda un enorme problema tanto a las empresas proponentes como a nivel pol\u00edtico.<\/p>\n
8) Elaborar el Plan Ambiental: este plan fue establecido en la ley 5961 del a\u00f1o 1992, pero nunca fue elaborado. Es uno de los \u201colvidos\u201d m\u00e1s significativos,\u00a0 ya que de ese plan deber\u00edan depender muchas de las medidas de gobierno, pero al igual que otras tantas obligaciones legales qued\u00f3 en el olvido. Solo un decreto reglamentario (1939\/96) estableci\u00f3 metas de trabajo que tampoco fueron cumplidas. La relevancia de este plan est\u00e1 dada porque deber\u00eda establecer los est\u00e1ndares ambientales, las metas de conservaci\u00f3n y un plan de trabajo al que deber\u00edan ajustarse el resto de las actividades. La ley 8051\/09 actualiz\u00f3 su vigencia al considerarlo parte del proceso de ordenamiento del territorio provincial y con ello cobr\u00f3 fuerza la necesidad de elaborarlo.<\/p>\n
9) Elaborar reglamentaci\u00f3n sobre el uso de sustancias t\u00f3xicas en la miner\u00eda: cuando el proyecto minero San Jorge fue aprobado por el Poder Ejecutivo en 2010, uno de los temas m\u00e1s conflictivos fue la determinaci\u00f3n de la toxicidad de una sustancia. En realidad es un tema relativamente sencillo, ya que la ley de residuos peligrosos establece en uno de sus anexos como se caracterizan a una sustancia para considerarla t\u00f3xica, que es una de las caracter\u00edsticas de peligrosidad que determina la ley, junto a otras como cancer\u00edgeno, mutag\u00e9nico, teratog\u00e9nico, etc.; la reglamentaci\u00f3n del art. 1\u00b0 de la ley 7722 permitir\u00eda llevar claridad a este asunto para evitar ambig\u00fcedades de parte de quienes elaboran los estudios de impacto ambiental y de quienes los eval\u00faan.<\/p>\n
10) Reglamentar el procedimiento de Evaluaci\u00f3n de Impacto Territorial y la Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica: la ley 8051\/09 de ordenamiento territorial y usos del suelo tambi\u00e9n estableci\u00f3 que la EIT (Evaluaci\u00f3n de Impacto Territorial) y la EAE (Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica) son herramientas esenciales para evaluar proyectos con incidencia significativa sobre los territorios en que buscan asentarse, ordenando su regulaci\u00f3n, lo que hasta el momento no ha ocurrido. En 2016 siendo Jefe de Gabinete present\u00e9 un modelo de resoluci\u00f3n para reglamentar la EIT como parte del procedimiento de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental, pero fue rechazado por el Secretario de Ambiente actual y nunca avanz\u00f3 en el tr\u00e1mite administrativo.<\/p>\n
Como deducir\u00e1 el lector, hay mucho apuro para voltear una de las leyes m\u00e1s significativas del ordenamiento legal ambiental de la provincia, pero hay muchas acciones que resultan obligatorias para el Poder Ejecutivo y que no se han cumplido, lo cual tambi\u00e9n puede tener implicancias judiciales tanto penales para los funcionarios actuantes (o que omitieron y omiten actuar) como para la propia administraci\u00f3n p\u00fablica. En definitiva, si queremos desarrollar la miner\u00eda en un marco de sustentabilidad ambiental, primero hay que hacer los deberes que siempre se prometieron y nunca se realizaron.<\/p>\n
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