El proyecto presentado por el senador Alejandro Abraham para modificar la ley 7722, que regula y restringe la miner\u00eda en Mendoza, apareci\u00f3 de manera intempestiva, pero no es una idea nueva: en todos los gobiernos hubo intenciones de hacerlo y en la gesti\u00f3n de Alfredo Cornejo tambi\u00e9n.<\/p>\n
Ese proyecto tiene muchos argumentos y propuestas de relleno, pero dos ejes clave. El art\u00edculo 1 de la ley 7722 proh\u00edbe el uso de cianuro, mercurio, \u00e1cido sulf\u00farico y agrega la frase \u201cotras sustancias t\u00f3xicas similares\u201d, que deja abierto a la interpretaci\u00f3n de la autoridad de aplicaci\u00f3n si es o no riesgoso el uso de otros productos qu\u00edmicos. Pero el cambio m\u00e1s importante es la eliminaci\u00f3n de la ratificaci\u00f3n legislativa de todos los proyectos mineros.<\/p>\n
La ley 5961, el decreto 820 establecen los mecanismos de protecci\u00f3n ambiental que la miner\u00eda debe tener en Mendoza, adem\u00e1s del C\u00f3digo de Miner\u00eda de la Naci\u00f3n. Por eso, cada proyecto debe tener una Declaraci\u00f3n de Impacto Ambiental, cuya aprobaci\u00f3n depende del Poder Ejecutivo. Pero la ley 7722 obliga a que la Declaraci\u00f3n de Impacto Ambiental de los proyectos mineros tenga adem\u00e1s aprobaci\u00f3n legislativa. Esa cl\u00e1usula de \u201ccontrol pol\u00edtico\u201d es la que en realidad ha funcionado como la m\u00e1s restrictiva para cualquier proyecto minero, antes que los dict\u00e1menes t\u00e9cnicos. En el ambiente pol\u00edtico aceptan que la \u201cpermeabilidad a las presiones\u201d de los legisladores ha sido el verdadero freno, m\u00e1s que la propia ley.<\/p>\n
Abraham busca eliminar por completo ese art\u00edculo y en el oficialismo est\u00e1n de acuerdo. Al menos para que ese control legislativo se elimine para los proyectos de exploraci\u00f3n y no en los de explotaci\u00f3n. Entienden que con tanto rigor, se evitan las inversiones iniciales para ver si un yacimiento minero tiene potencial o no. Sin embargo en la industria minera entienden que es todo o nada: pocas empresas, aseguran, invertir\u00e1n en exploraci\u00f3n si luego el proyecto no puede prosperar para explotar.<\/p>\n
El resto del proyecto que tratar\u00e1 el Senado tiene art\u00edculos de segundo orden, como la asignaci\u00f3n espec\u00edfica de los recursos que se generen y un impuesto extra regal\u00edas para generar m\u00e1s recursos al Estado.<\/p>\n
La Corte ratific\u00f3 la legalidad de la ley. Pero un juez opin\u00f3 que los proyectos no necesitan ratificaci\u00f3n legislativa y vot\u00f3 para declarar inconstitucional ese\u00a0 art\u00edculo.<\/p>\n
QU\u00c9 HAY DETR\u00c1S<\/p>\n
La ley 7722 tiene un blindaje que en el ambiente pol\u00edtico obvian. La Suprema Corte de Mendoza ratific\u00f3 su legitimidad en un fallo un\u00e1nime. Pero en la sentencia hay una veta importante: el ministro Mario Adaro vot\u00f3 en disidencia en dos aspectos de la ley. Primero, para \u00e9l las prohibiciones de las sustancias t\u00f3xicas mencionadas en el ley no pueden ser solo restrictivas para la miner\u00eda. Pero adem\u00e1s Adaro pidi\u00f3 que se declarara inconstitucional la ratificaci\u00f3n legislativa de los proyectos mineros por considerar que viola el sistema republicano. Es decir, para \u00e9l no hace falta la aprobaci\u00f3n de la legislatura, como propone Abraham.<\/p>\n
La ley fue sancionada en 2007, en un torbellino pol\u00edtico. Por un lado el gobierno promocionaba a Mendoza como destino minero. Pero en la Legislatura se sancion\u00f3 una ley para prohibir la miner\u00eda. Esa norma fue vetada por Julio Cobos. En medio de un clima de tensi\u00f3n, el oficialismo y la oposici\u00f3n \u201cnegociaron\u201d un nuevo proyecto. As\u00ed naci\u00f3 la ley que luego llevar\u00eda el n\u00famero 7722.<\/p>\n
En Mendoza hubo proyectos mineros que fracasaron, pero no por la ley. Y antes de la ley, no hubo inversiones mineras fuertes.<\/p>\n
El Gobierno trabaj\u00f3 desde que Cornejo asumi\u00f3 en un plan minero que, tras redactarlo, qued\u00f3 cajoneado. Ese plan caracteriza a la miner\u00eda seg\u00fan la magnitud de los proyectos, propone l\u00edneas de acci\u00f3n y, con muchos eufemismos, cuestiona los alcances de la ley 7722, aunque siempre ratifican que respetar\u00e1n su cumplimiento. En ese documento, por ejemplo, dicen que Mendoza perdi\u00f3 5 mil millones de pesos de inversi\u00f3n por esa ley.<\/p>\n
En paralelo la provincia adhiere tambi\u00e9n al Pacto Federal Minero, aunque puertas adentro del Arco Desaguadero se disimule. La propuesta de modificaci\u00f3n de la 7722 no es un hecho aislado y tambi\u00e9n va de la mano de la intenci\u00f3n de homogeneizar la legislaci\u00f3n a nivel nacional. El tema es tratado en el COFEMI. Y ese plan incluye la modificaci\u00f3n de la Ley de Glaciares. La intenci\u00f3n es flexibilizar las restricciones en el ambiente periglaciar y tambi\u00e9n en el \u00e1rea de los glaciares de escombros, por ejemplo.<\/p>\n
Mendoza s\u00ed tuvo proyectos mineros en ese trayecto. El m\u00e1s importante fue Potasio R\u00edo Colorado, que fracas\u00f3 y donde la ley 7722 no tuvo nada que ver. Lo mismo con los proyectos que precedieron a la ley: desde el desastre ambiental de Sierra Pintada, hasta los negociados con los cateos mineros que se acumularon, pero que nunca se transformaron en inversiones reales. El proyecto San Jorge, para extraer cobre de un yacimiento en Uspallata, fue el que m\u00e1s avanz\u00f3. El Gobierno aprob\u00f3 la DIA, con m\u00e1s de 100 pedidos de aclaraci\u00f3n. Pero la Legislatura \u201cboch\u00f3\u201d el proyecto. La Legislatura, con otra composici\u00f3n, tambi\u00e9n dej\u00f3 de lado otros proyectos de exploraci\u00f3n, como Cerro Amarillo (que ten\u00eda problemas porque estaba en una zona con glaciares) y tambi\u00e9n Hierro Indio, que no ten\u00eda en el plan exploratorio el uso de ninguna sustancia.<\/p>\n
El nuevo debate por la modificaci\u00f3n de la ley puede complicar otro plan que estaba en marcha, impulsado por el Gobierno. Se trata del saneamiento ambiental de los pasivos de Sierra Pintada, la planta industrial de procesamiento de uranio que qued\u00f3 abandonada y que tiene material contaminante producido all\u00ed y tambi\u00e9n en la planta Dioxitek de C\u00f3rdoba. El m\u00e9todo elegido para sanear esos pasivos (el \u00fanico posible) obliga a realizar el mismo proceso que para producir el uranio, que implica el uso de sustancias prohibidas por la 7722. Como esa ley no habla del \u201csaneamiento\u201d entre los procesos donde est\u00e1 prohibido el uso de las sustancias, creen que no hay impedimentos.<\/p>\n
Fuente: MDZ<\/p>\n
A.C.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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