La C\u00e1mara Baja dio sanci\u00f3n final a la iniciativa del Poder Ejecutivo que sustituye y modifica diversos art\u00edculos del C\u00f3digo Procesal Penal, en lo referido al dictado de prisiones preventivas.<\/p>\n
La Ley fue aprobada en general por el voto de todos los bloques a excepci\u00f3n del FIT, mientras que en particular, el bloque del FPV vot\u00f3 en forma negativa el art\u00edculo 3\u00b0, y los diputados Lucas Ilardo y Patricia Galv\u00e1n (ambos del FPV), tambi\u00e9n lo hicieron negativamente por el art\u00edculo 1\u00b0.<\/p>\n
Seg\u00fan expresan los fundamentos, la norma busca que se cuente con \u201cinformaci\u00f3n clara y precisa respecto de la situaci\u00f3n de las personas privadas de libertad, determinando los tiempos de detenci\u00f3n, etapas procesales que transitan y autoridad judicial bajo cuya responsabilidad se encuentran\u201d.<\/p>\n
Agrega que \u201cla obligaci\u00f3n de proporcionar esta informaci\u00f3n vital, corresponde a quien tiene el gobierno de la administraci\u00f3n de justicia y puede obtenerla. El prop\u00f3sito es transparentar la situaci\u00f3n de los detenidos sometidos a proceso, como parte de la obligaci\u00f3n constitucional que pesa sobre el Alto Tribunal de pasar anualmente una memoria y estado de dicha administraci\u00f3n conforme lo establece el art\u00edculo 144 en su inciso 2 de la Constituci\u00f3n Provincial\u201d.<\/p>\n
Simult\u00e1neamente, la iniciativa propone \u201creformas al C\u00f3digo Procesal Penal referidas al dictado, control y cese de la prisi\u00f3n preventiva\u201d, apuntando \u201ca la modernizaci\u00f3n del procedimiento, oralizando\u00a0 el tr\u00e1mite – lo que va a redundar en una mayor rapidez del mismo-, permitiendo a su vez la intervenci\u00f3n de la v\u00edctima en \u00e9l\u201d.<\/p>\n
Del mismo modo, con esta Ley se unifica \u201clo concerniente a esta tem\u00e1tica en toda la provincia con independencia del c\u00f3digo procesal vigente\u201d.<\/p>\n
En este sentido, explica la fundamentaci\u00f3n que \u201cdebemos superar la actual divergencia entre la ley -que los jueces est\u00e1n obligados a aplicar seg\u00fan los arts.148 y 149 de la Constituci\u00f3n – y las interpretaciones judiciales autorreferenciales sobre los casos en los cuales resulta posible el dictado de la prisi\u00f3n preventiva, que han llevado a decisiones apartadas del orden legal vigente\u201d.<\/p>\n
Y agrega que \u201cs\u00f3lo la Legislatura, en ejercicio de sus atribuciones, puede disponer normas que partiendo de una correcta interpretaci\u00f3n constitucional y de los tratados sobre derechos humanos, establezca con precisi\u00f3n cuando y bajo qu\u00e9 condiciones necesarias puede ordenarse dicha medida cautelar\u201d.<\/p>\n
Con esta Ley, se propone un tratamiento m\u00e1s fluido, tanto para dictar como para controlar y eventualmente prorrogar o hacer cesar la prisi\u00f3n preventiva; impone la obligaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico Fiscal para que en todos los casos de permanencia de la detenci\u00f3n,\u00a0 requiera la prisi\u00f3n preventiva al juez competente, disponiendo que el tiempo en que debe hacerlo constituye un t\u00e9rmino fatal; y se ordena la participaci\u00f3n, en todas las audiencias del imputado con su defensor; y que pueda hacerlo el querellante y la v\u00edctima, aunque \u00e9sta no se haya constituido como tal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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