El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) planteó un panorama complicado en los municipios, con cuentas en rojo que heredaron las actuales gestiones y que llevarán al menos unos meses en sanearse. Junto con la Provincia, Guaymallén, Las Heras, Malargüe y General Alvear, comunas que pasaron de manos justicialistas a radicales, también pidieron que la lupa del órgano de control externo, dependiente del Congreso Nacional, analice los números municipales.

Los resultados, a escala, repitieron la lógica que se presentó a nivel provincial: deudas que comprometen las gestiones e irregularidades en la designación de personal. En este sentido, los intendentes que llevan recién un poco más de un mes en su gestión, reconocieron que deberán transitar estos meses entre la herencia, que denunciaban en campaña, y las construcciones propias.

Hace una semana se conoció públicamente el resultado preliminar de la AGN. El informe abarcó a 4 de las 6 las comunas antes justicialistas (excepto Tupungato y Luján), aunque los intendentes, en diálogo con Los Andes, refrescaron los números y actualizaron los déficits recibidos.

De los 3 departamentos sureños, 2 cambiaron al radicalismo en las últimas elecciones y pidieron que la AGN haga lo suyo.

En Alvear, la deuda flotante tuvo un incremento del 466% desde el 30 de junio al 10 de diciembre: pasó de 6 a 28 millones. Es decir, según la AGN, el justicialista Juan Carlos De Paolo se endeudó en los últimos 6 meses en casi 22 millones, monto que tendrá que afrontar el radical Walter Marcolini.

“La situación es muy complicada, la deuda es exigible en corto plazo lo cual nos dificulta el normal desenvolvimiento de todo el accionar de la comuna”, señaló Marcolini y dijo que a los 7 días de haber asumido, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo les dio de baja con la ART y les trabó el CUIT, “por una deuda de 3 millones que no pagó el gobierno anterior”.

Por este motivo, el intendente sureño dijo que desarrolló un autoseguro, mientras negocia la deuda. Otra de las herencias, fueron las retenciones a los trabajadores por bono de sueldo, que no se depositaron a los acreedores. A esto, le suma la necesidad de arreglar la deuda con los proveedores, como también sucede en el orden provincial.

Por otro lado, si bien al momento de asumir, los municipales tenían acreditada la nómina de noviembre, no así los funcionarios de la anterior gestión, quienes deberán seguir esperando. “Los funcionarios, antes de irse, usaron el último envío de coparticipación para cobrar un retroactivo al mes de marzo, en lugar de pagar ART. Ahora yo voy a poner primero las urgencias”, advirtió el intendente Marcolini.