Con casi mes y medio por delante para iniciar la campaña 2018 de Control y Erradicación de la polilla de la vid, el reloj corre y con ese argumento desde el Gobierno apuran la aprobación en el Senado de la nueva herramienta financiera mixta que incluye $ 50 millones de aporte obligatorio privado.

Para ganar tiempo, la Provincia garantizó una partida de $ 300 millones para anticipar el llamado a licitación internacional de difusores de fermona necesarios del programa que coordinan Iscamen y Senasa.

En tanto, el proyecto de ley ingresado el 4 de junio y que ya tiene media sanción de Diputados, ayer pasó por otro plenario de Comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara Alta.

Y salió con dictamen, al igual que otra iniciativa de la oposición tendiente a que Nación y/o Provincia se hagan cargo del 100% del presupuesto sin cobrarle un valor unitario de $ 1.500 a viñedos de más de 10 hectáreas, que se votará en la próxima sesión del martes 26 de junio.

«La ley prevé el respaldo de algún fondo preventivo, que en este caso lo aporta la Provincia” – Alejandro Molero, titular del Iscamen.

Lo concreto es que, independientemente de cuándo salga la ley, la semana próxima el Gobierno licitará la compra de los insumos (sólo 2 multinacionales proveen las feromonas y agroquímicos utilizados) con dos certezas: que podrá recuperar la parte que cubre de la Nación ($ 100 millones) desde agosto. Y entre octubre y mayo de 2019, los $ 50 millones a aportar por productores de más de 10 hectáreas.

“Están listos los pliegos para el llamado. La ley prevé el volante de imputación preventivo, que requiere el respaldo de algún fondo, en este caso lo que aporta la Provincia dado que la recaudación total va a estar en 2019 y tampoco tendremos a tiempo la plata de la Nación”, detalló el presidente del Iscamen, Alejandro Molero.

Respecto al aporte del ministerio de Agroindustria, aún falta firmar un convenio que prevé 30 días de plazo para el desembolso de los $ 100 millones comprometidos. Ayer, Molero aseguró ante la Comisión que se deben “intensificar gestiones” ante la Nación, tanto para obtener más recursos como para elevar el mínimo no imponible de 10 hectáreas.

Precisamente ese punto, luego de la trabajosa media sanción de Diputados, dilata el tratamiento de la ley en Senadores. El martes se buscaba una sesión especial y el jueves el Plenario de comisiones terminó con un despacho promovido por el peronismo para eximir del pago de $ 1.500 por hectárea a los viñedos de más de 10 hectáreas.

Es una de las dos iniciativas, junto con la oficial, que se votarán en el recinto el martes 26. La oposición llega con un round ganado: su mayoría en Economía le permitió imponer el dictamen a favor del proyecto del sanrafaelino Javier Molina para “garantizar con partidas presupuestarias provinciales la continuidad interanual” del programa anti-Lobesia, y en tal sentido “autorizar la reasignación”.

El justicialista Alejandro Abraham lo justificó en que “la ley nacional fija 25 hectáreas como mínimo no imponible, mecanismos y fondos. Obviamente, al no remitirlos, la campaña hay que hacerla, pero la norma provincial, con 10 hectáreas, es contradictoria y el proyecto vidrioso. ¿Cómo queda la gente que tiene entre 10 y 25, que en teoría la ley nacional exime de pagar?  Se les genera un perjuicio económico”.

«La campaña hay que hacerla, pero  la ley, con 10 hectáreas, es contradictoria y el proyecto vidrioso” – Alejandro Abraham u Senador del PJ.

Además, señaló que “hay que definir si es un tema netamente privado o público. Afecta a la economía regional, por eso corresponde que  la Provincia pague la campaña y recurra a la Nación”.

Con cierta confianza en que se apruebe la ley y críticas a la oposición, el senador oficialista Diego Costarelli aseguró que “la Provincia está haciéndose cargo porque el combate de la plaga debe seguir y tampoco hay solución de base. Se enojan con la Nación, pero tienen que decir de dónde saldría la plata y no olvidarse que en 2014, cuando eran Gobierno, reclamamos fondos a Nación y nos lo rechazaron”.

Por su parte, la senadora justicialista Patricia Fadel destacó el logro de la Comisión “de apoyar la eliminación del cobro a productores. Hicimos hincapié en que si eximieron $ 70 mil millones a La Pampa húmeda en retenciones, ¿cómo la Nación no va a aportar $ 200 millones?

Ayer los ejemplos comparativos con la situación de los granos saltaron. “Si hubieran fijado 10% al maíz, significaba $ 9.840 millones de recupero fiscal, y $ 6.750 millones en el caso del trigo. Con 23% hubieran recaudado $ 15.400 millones”, destacó Fadel.

Todos saben que en el recinto el oficialismo tiene las de ganar. En la oposición apuestan a que un “milagro” le tuerza el brazo a Cambia Mendoza para, en tal caso, lograr que la iniciativa vuelva a la Cámara Baja.

Los Andes.