Momentos de incertidumbre y enojo viven 40 personas que son víctimas de una estafa sin precedentes en nuestro departamento. Se trata de la venta de un lote ubicado en la ciudad de General Alvear por la “dueña”, una ex legisladora provincial por el PJ, y su cónyuge, que sirvió como escenario para que los sueños de decenas de familias fueran estafados.

Letizia Mayorga, ex legisladora justicialista por General Alvear, y su esposo Sergio Iriarte son la pareja de estafadores que aprovechando el tiempo de “gestión” en el Poder Legislativo de la mencionada mensuraron el terreno a su nombre para sacar rédito económico de manera ilícita.

El croquis de mensura indica que el lote en cuestión es de 300m cuadrados y tiene lugar al sur de la intersección de calle Zeballos y Alem Sur, próximo al Polideportivo Municipal.

Los tristemente célebres estafadores realizaban operaciones de permuta y/o efectivo con los damnificados. Se tratan de 40 personas con familias con sueño de acceder a su lote propio y a posterior cumplimentar el anhelo de construir su vivienda.

Entre los resonantes casos se destaca el de un propietario de una emisora de radio local quien permutó un vehículo Ford Focus, impecable, para levantar allí una iglesia evangélica, de la que es profesante. “Me ofreció llevarme a ver los lotes a una cuadra del poli, con servicios, calle asfaltada, 12m por 25m” destacó el masculino.

Iriarte le afirmó que la mensura estaba a su nombre e incluso accedió a ir a la Escribanía a plasmar mediante documento de permuta directa. Tras dos días el Dr. Stali, a quien le explicaron el acuerdo, formalizó el negocio. Lo novedoso ocurrió cuando el comprador consultó en la oficina de Catastro de la Municipalidad y le dieron la mala noticia de que el “terreno tiene 40 dueños”.

El terreno (300m cuadrados) fue comprado en 1986 para construir un barrio y quedó en la nada hasta que la avidez propia de una estafadora, que destacó siempre a Mayorga, la llevó a realizar la mensura del mismo a su nombre aprovechando el poder político. Este ha sido el comodín para estafar a decenas de familias, entre las cuales se haya personas con discapacidades. El legítimo dueño del terreno es un sujeto de apellido Escalona, mismo hombre que contó la historia del lugar.

En contacto con la Producción de F.M. Viñas, Mauricio López contó la aberrante historia que le concierne de entre los otros 40 casos. “En el año 2004 falleció mi mamá y con mis 3 hermanos decidimos vender la casa que le pertenecía por razones obvias. Colocamos un cartel de venta y a través de la inmobiliaria de Mirta Esperón conocimos a esta pareja quienes estaban interesados por la casa

 “Accedimos a hacer el contrato de permuta, 4 lotes por la casa. Esto fue el 7 de agosto del 2018. Pasaron dos meses y unos vecinos de los lotes nos dijeron que esos lotes tenían problemas judiciales

La historia no cerró con final feliz ya que tras realizar la permuta, el damnificado tomó cuenta que algo oscuro rondaba el cambio. La vivienda de la familia López se encuentra en calle Caseros 250 de ciudad, que ya ha sido vendida por Mayorga -ni lenta ni perezosa-  a una familia de gitanos.

Él ha ido a la dirección particular de la ex legisladora, en Roque Sáenz Peña pero no ha obtenido respuesta alguna. Ha investigado, con profesionales del Derecho, y corroboró que el terreno está en estado de litigio judicial.

A continuación, el documento de actuación notarial de la permuta realizada en año pasado.

ENGROSADO PRONTUARIO: ¿QUIÉN ES LETIZIA MAYORGA?

Saltó a la fama de mala manera hace once años, cuando era una joven diputada provincial y se descubrió que no tenía el título de licenciada en psicopedagogía que había declarado. El caso de Letizia Mayorga, oriunda de General Alvear y ex legisladora por justicialismo, derivó en un escándalo público que terminó con su renuncia en breve.

La diputada, de 34 años en 2007, tenía colgado en la puerta de su despacho un cartel que indica “Lic. Leticia Mayorga“.

Cuando asumió la banca, en su presentación a la ONG Favín, declaró que se graduó en Psicopedagogía en el año 2000 y firmó varios despachos y documentos públicos como “licenciada”.

El diario mendocino Uno informó que la Universidad Católica Nacional, única casa de estudios en Mendoza que otorga el título licenciatura en Psicopedagogía, señaló que la mujer había abandonado la carrera luego de rendir diez materias. También se reveló que Mayorga no estaba matriculada en la provincia.

En 2007, cuando Mayorga debió dejar la banca de diputada provincial por el escándalo de su falso título profesional, se supo además que había puesto a su padre y a su hermano como secretarios, lo que había llamado la atención en General Alvear porque ambos se dedicaban a atender una sanguchería famosa por sus lomos.

El escándalo del título de Mayorga sobrevino luego de que diera cuenta de ser psicopedagoga en una declaración jurada a pesar de que solo había llegado hasta el tercer año de la carrera aludida.

En 2012 volvió a ser noticia, otra vez de mala manera. Mayorga terminó presa en la ciudad balnearia de Necochea, en Buenos Aires, al parecer, al resistirse a dejar un hotel que había alquilado y explotaba, de donde fue desalojada con personal uniformado por la presunta falta de pago.

La novedad, adelantada por el sitio de noticias www.necocheahoy.com, dio cuenta de que “la ex diputada atacó a la dueña del inmueble y a la policía con gas pimienta”.

El sitio agregó que “esto obligó a los uniformados a romper una puerta donde ella (por Mayorga) se atrincheró y a reducirla con policías femeninas, siendo llevada detenida a la Comisaría Tercera de Necochea”.

Letizia Mayorga, detenida en 2012 en Necochea, Buenos Aires.

La crónica se completa mencionando que “al lugar llegó el comisario Guillermo Farías, quien dispuso el traslado de Leticia Mayorga, ex diputada de Mendoza”.

La filmación de todo el procedimiento y el personal intoxicado fue registrada por nuestro camarógrafo, que sufrió los efectos del gas picante que todavía estaba en el lugar”.

Según lo mencionado en los portales de Necochea, Silvia Ferrero le alquiló a Mayorga el hotel Terraqua en agosto de 2010 y la ex legisladora habría dejado impaga la mayor parte del alquiler.

También la acusaron –según la denuncia de la propia Ferrero– de adeudar $5.000 de la boleta de energía eléctrica, engancharse a la electricidad cuando le retiraron el medidor por falta de pago y tener cuatro clausuras municipales y dos de la AFIP por no estar habilitada para operar como hotel ni hostería.

 

F.B.