Tras conocerse el detalle del nuevo reglamento general, propuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que determina en qué situaciones los agentes de fuerzas federales de seguridad pueden usar armas letales frente al delito, desde el Gobierno de Mendoza aclararon que van a adherir a esta resolución.

En este sentido, se remarcó que desde hace tiempo se viene trabajando en la profesionalización de los policías para que sean capaces de determinar un correcto uso de las armas de fuego. 

La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad dispone que en cumplimiento de su deber utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

Esto implica que los efectivos de las fuerzas de seguridad federales podrán disparar sin necesidad de dar primero la voz de alto identificándose, sin que haya una agresión previa y en caso de que consideren que hay un peligro inminente para su vida o la de terceros cuando un sospechoso intente fugarse.

El gobernador Alfredo Cornejo dijo que apoya la medida. “Creo que tiene que ir acompañado de una fuerte capacitación policial en los centros de formación policial todo el tiempo para no correr riesgos de que mueran personas inocentes”, señaló

Por otra parte, advirtió que en la provincia no ha habido estos problemas durante su gestión aunque aclaró que no estamos exentos de que eso pueda ocurrir. “Me parece bien que se los cubra legalmente, pero paralelamente a eso hay que hacer formación policial, lo estamos haciendo en Mendoza”, aseguró el mandatario provincial.

Casos emblemáticos de gatillo fácil en Mendoza

Se habla de más de 200 desde el retorno de la democracia- hechas por familiares de víctimas de violencia policial. El último caso del denominado “gatillo fácil” fue el de Lucas Carrasco, quien en marzo de 2014 había ido a un partido de Independiente Rivadavia. 

Aquel encuentro fue suspendido y se produjeron desmanes que fueron reprimidos por la policía. Fue allí cuando el joven recibió un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza y tras agonizar 48 horas falleció. Actualmente Diego Guzmán Zalazar está imputado por la muerte de Carrasco. 

También hay que recordar el caso de Sebastián Bordón, el estudiante que vino al sur mendocino en viaje de egresado, en octubre de 1997, y cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco en la zona de El Nihuil, hecho por el cual, tres años después la Primera Cámara del Crimen, de San Rafael, condenó a cinco policías.

En el 2002, la Justicia mendocina sentenció con pena de prisión perpetua al policía Walter García, por la muerte de Franco Díaz y las lesiones que sufrió Johanna Flores. Este hecho tuvo su origen la noche del 5 de mayo de 2012.

Franco se encontraba junto a un grupo de amigos en una casa del departamento de Godoy Cruz, cuando llegaron al lugar miembros de la Policía alertados por vecinos que habían presentado quejas por la música alta que provenía de la vivienda. El final trágico fue cuando uno de los policías efectuó un disparo que le quitó la vida a Franco -la bala ingresó por el mentón y salió por la nuca- tras lo cual impactó en el maxilar de Johanna.

En 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Argentina por un caso de similares características ocurrido en Mendoza en 1989. Se trató del asesinato del joven Roberto Castañeda y por el cual se condenó a indemnizar a la familia.

Fuente: Los Andes.

F.B.