Esta mañana en conferencia de prensa, los concejales del PJ-FPV Javier García y Myrna Osorio, hablaron acerca de la sesión ordinaria que se llevará a cabo mañana jueves en el Honorable Concejo Deliberante de nuestro departamento, donde se tratará de una vez por todas, la situación de los 9 empleados municipales que fueron separado de sus cargos con esta “reestructuración” por parte del Ejecutivo.

“Para nosotros esta situación es atroz, no entendemos los fundamentos que plantea el Ejecutivo, ya que no existe ningún expediente que marque cuál es la posible restructuración que El Ejecutivo quiere hacer, no existe un proyecto futuro que tenga que ver con la planta de personal, no existe un nomenclador de funciones del personal. Todas estas cosas son cosas que son violatorias a los derechos de los empleados”, sostuvo García.

Desde el bloque del PJ-FPV manifestaron su preocupación, por lo que mañana junto con Darío Olguín del Sindicato de Trabajadores, van a defender los derechos de los empleados municipales y van a tratar de que el Ejecutivo de marcha atrás en esta decisión, donde el único fundamento a la vista, es que éstos empleados que posiblemente serán echados, son simpatizantes del Justicialismo.

Por su parte Mirna Osorio manifestó que si esto es rechazado, y se espera que no sea así, por lo que tratarán que tanto el bloque del PRO como Cambiemos reflexionen y acepten este recurso de apelación de subsidios para que no se tenga que llevar este tema a la justicia.

Los ediles Osorio y García solicitaron al Ejecutivo que cambie el horario de la sesión y que la misma se realice en horas de la tarde así todos aquellos empleados que quieran participar pudieran sumarse, pero dicha solicitud fue rechazada, por lo que consideran un arbitraje y atropello por parte del oficialismo.

Esto no sólo genera gastos a los empleados quienes tendrán que preparar sus recursos ante la Corte sino también gastos obviamente al ejecutivo, los gastos los tendrá que pagar el municipio, es decir que si esto continúa de la misma manera, una indemnización que la pagarán los vecinos. Esto crea un déficit fiscal y se sigue librando costos al estado que son claramente ilegales.

Recordemos que en el año 2010, ocurrió el caso de una empleada municipal que estaba en un área y fue pasada otra, es decir, recibió una modificación de función justificando que se la necesitaba en otra área. Esta mujer presentó un recurso de amparo y en ese momento se encontraba el Intendente Marcolini  en gestión de concejal y se votó rechazando el traslado de esta mujer porque justamente se basaba en el artículo 29 de la ordenanza que habla de la estabilidad del empleado público.

Es decir, en el 2010 cuando Marcolini era concejal le sirvió votar en contra del traslado de ésta empleada, ya que sostuvo que era una cuestión que no era legal e hizo volver atrás, aquella decisión del ejecutivo y resulta que ahora con peores criterios, porque en aquel momento solamente era un traslado, hoy en día lo que está haciendo es echarlos por un pase a disponibilidad y sacarlos de funciones y donde según él, está todo correcto y está todo correctamente justificado.

Por lo que desde el PJ-FPV manifiestan que no hay justificación, no hay nomenclador de funciones, no hay un expediente que revea la restructuración y están poniendo a disponibilidad a estos 9 empleados y resulta que la legalidad de haber concursado no deja de tener sentido.

Si no hay vuelta atrás con la situación de estos 9 empleados y terminará generando un costo al municipio de alrededor de 9 millones de pesos, que lo terminarán pagando todos los ciudadanos.

A.E