Se esperaba ayer que el Concejo Deliberante de la comuna sureña ratificara o rectificara el decreto del intendente.

Todo comenzó el 28 de diciembre de 2019, cuando el intendente Juan Manuel Ojeda comunicó las conclusiones de una reunión entre miembros del municipio, referentes de las principales Cámaras y algunos vecinos, por la derogación de la ley 9.209, que dejaba a Malargüe sin poder explotar su minería.

Allí, entre otros temas, se decidió -tal cual el comunicado enviado a los medios en esa oportunidad-: “Eliminar, por ordenanza municipal, la fiesta departamental de la Vendimia y la participación de Malargüe en la Fiesta Nacional de la Vendimia por no contar con viñedos ni bodegas”.

Días después de ese encuentro, Ojeda, confirmó que había enviado al Honorable Concejo Deliberante (HCD) un decreto para que los ediles votaran y ratificaran o no la decisión: “Si la ordenanza es aprobada por el Concejo, desde el Municipio estamos pensando en generar nuestra propia Fiesta, que tenga nuestra esencia y haga honor a nuestra matriz productiva que es el petróleo, la minería y lo agropecuario”, afirmó en esa oportunidad el intendente.

Efectivamente, el decreto ingresó al HCD de Malargüe el miércoles 8 de enero, a las 12.30, y se iba a tratar ayer (viernes) en sesiones extraordinarias, algo que finalmente no ocurrió.

Ante esta situación, el Concejo difundió un comunicado explicando que según el artículo 13ro de su reglamento interno las extraordinarias son convocadas solamente para tratar temas que hayan sido calificados en Parlamentaria como urgentes, algo que no ha ocurrido aún con el decreto de Ojeda.

De esta manera, el Concejo aclaró cómo debe actuar institucionalmente un Cuerpo de Ediles para llamar a sesiones y, en este caso, ratificar o rectificar el decreto del Departamento Ejecutivo.

“Estábamos convencidos de que ayer íbamos a poder debatir el decreto y dar una respuesta final, pero no pudo ser por falta de información, algunas ausencias y falta de voluntad de la oposición. Ahora tenemos que esperar que llamen a sesiones extraordinarias y esa facultad recae absolutamente en Paola Jofré, del partido Justicialista”, dijo el concejal radical Martín Palma, dejando entrever que el conflicto es puramente político.

Ocurre que la justicialista Jofré es vicepresidenta primera, pero hasta el 28 de febrero también está a cargo de la Presidencia del Concejo y sobre ella recaen todas las decisiones para avanzar en el debate de la propuesta/decreto del intendente.

Tanto es así, que ya remitió el decreto a cada uno de los bloques para que lo puedan analizar en Labor Parlamentaria el próximo martes 14, a las 11.

“La oposición está dilatando el tratamiento y ha politizado toda esta situación”, acusó Palma, quien además resaltó: “Cuando nos toque votar el decreto, tendremos un empate técnico. Somos cinco ediles por cada bloque. El desempate lo tiene el voto de Paola Jofré”.