El oficialismo comenzó con un trabajo contrarreloj para intentar destrabar proyectos importantes en la Legislatura, antes del receso de enero.

Teniendo en cuenta que el 2019 es un año electoral, en el radicalismo creen que se puede mezclar lo netamente electoral y el armado partidario, con algunas iniciativas que aún tienen resistencia de algunos sectores políticos, y otras que son sensibles para una parte de la sociedad movilizada.

Un ejemplo es el de los proyectos que pretenden reformar la ley 7722 (llamada antiminera) con el objetivo de incentivar el desarrollo minero en la provincia. Hoy se encuentran frenados en comisiones, y hay pocas posibilidades de encontrar un camino de acuerdo.

Hay dos proyectos en danza. El del peronista Juan Carlos Agulles propone la creación de parques industriales mineros, en las comunas que lo quieran y la ley de uso de suelos lo permita hacer.

El del kirchnerista Alejandro Abraham proponía sacar una parte de las prohibiciones de utilización de químicos tóxicos. El texto vigente de la 7.722 dice “se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos”; el proyecto de Abraham eliminaba de la oración “y otras sustancias tóxicas similares”.

La semana pasada Abraham introdujo modificaciones a su iniciativa: una de ellas es reformular esa misma oración que diría: “y otras sustancias tóxicas que afecten el agua”.

De estos proyectos peronistas (de Alejandro Abraham y Juan Agulles) se ha hablado mucho, e inclusive se realizaron varias audiencias con diferentes sectores de la sociedad (gremios, cámaras de empresarios, organizaciones civiles y profesionales, entre otros).

No obstante, el propio peronismo tiene sus dudas de acompañar las iniciativas de sus senadores.

De hecho, por las diferencias y resistencias en la oposición, ayer ni siquiera se reunieron los bloques en las comisiones en conjunto en las que se encuentran los despachos (Ambiente, LAC y Minería), por lo que peligra que este tema se discuta sobre tablas en el recinto en diciembre; y se ve mucho más difícil que se debata en febrero, en plena época preelectoral. 

Desde el radicalismo anunciaron y reafirmaron que la ley no saldrá si no tiene el consenso de un amplio abanico partidario, mientras que Cornejo también adelantó que no vetará la ley si se llega a aprobar, y manifestó la necesidad de que se reforme, en coincidencia con los legisladores del justicialismo.

Nadie quiere cargar con el costo político en soledad, y si bien todos son cautos a la hora de hablar sobre el futuro de las reformas, todo hace indicar que los proyectos quedarán cajoneados en medio de la vorágine electoral del 2019.

En la discresión de la siesta, un senador oficialista decía “la calle está perdida”,en obvia referencia a que la capacidad de movilización de los sectores antimineros alimenta la dudas de los senadores. Ese es el costo tan temido.

Mientras tanto, la reunión no convocada de ayer pasará, en teoría, a este lunes. “Están estudiando en los despachos, vamos a ver si encontramos consensos”, indicó el senador Abraham.

El roll-over de Cornejo 

Son varios los proyectos aún en agenda que no se han tratado, y hay algunos que tienen prioridad, tanto del frente Cambia Mendoza como también del PJ, el principal partido opositor; para que en las últimas reuniones del año se puedan aprobar antes del receso.

Entre ellos, se encuentra en discusión también la reforma de la ley de Administración Financiera, presentada por el Poder Ejecutivo luego del Presupuesto 2019, en el que la oposición le negó al gobernador Alfredo Cornejo poder renegociar los vencimientos de deuda (3.700 millones de pesos) del año que viene.

Dicho proyecto tiene dos reformas de artículos. Uno de ellos establece que el Gobierno podrá canjear deuda vieja por una nueva siempre y cuando se mejoren las condiciones, ya sea en tasas, plazos, montos o garantías. 

En tanto, el otro permite que los departamentos de Mendoza puedan acceder a créditos de organismos multilaterales en 2019, sobre todo con los proyectos que ya tienen avances, ya que desde ahora será el Gobierno Provincial quien reciba los recursos, pero solamente actúa como intermediario entre el municipio y el organismo, ya sea el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o el Banco Mundial.

Todavía no hay avances del proyecto, ya que la oposición se abroqueló, al menos hasta hoy. “No vamos a aprobar algo que negamos hace pocas semanas”, sostuvieron desde Unidad Ciudadana, y lo mismo afirmó el PJ.

Otras iniciativas en debate 

Proyecto de ley de Agroquímicos (con media sanción), que regula el uso, fabricación y comercialización de agroquímicos. Con chances.

Proyecto de régimen Jurídico de Protección de Menores de Edad, que fue presentado en conjunto con la reforma del Código Procesal de Familia (ya es ley). Es probable que se apruebe antes de fin de año.

Proyecto de ley de “plan de sequía”, que propone formas para mejorar la utilización del recurso hídrico (con dificultades).

Fuente: Los Andes.

F.B.