El contexto del aumento de tarifas difiere claramente entre la casta política y el ciudadano común. Es que mientras se conocen las cifras que perciben los senadores por estos días, los sectores de clase media y baja destinan cada vez más recursos a pagar facturas de luz, gas y agua y ya no saben por dónde más recortar el presupuesto familiar.
El Senado debatió ayer la iniciativa que contemplaba volver el precio de las tarifas de servicios públicos al 1° de noviembre de 2017, la cual fue vetada por el presidente Mauricio Macri. Por lo tanto, se dará avance a los reiterados aumentos que vienen generando reclamos por gran parte de los mendocinos, y principalmente, fueron motivo de fuertes movilizaciones en el Sur provincial.
Por su parte, los abultados salarios que recibirán este mes los legisladores de la Cámara Alta de la provincia, seguramente no tendrán problemas por las subas de las tarifas que se implementen.
Las dietas de funcionarios públicos, senadores y diputados de Mendoza está fijada por ley. Es un porcentaje de lo que cobra el Gobernador de la provincia y varía según la función, pero que en ninguno de los casos supera la dieta del titular del ejecutivo provincial.
Mientras se debate por el impacto social de los importantes incrementos en las tarifas, un senador mendocino cobra hoy una dieta que ya llegó a los $100 mil de bolsillo y a los $113 mil pesos de bruto. Tal como lo demostró a través de un bono de sueldo el legislador provincial del FIT, Lautaro Jiménez, para los funcionarios del Senado de Mendoza el impacto de las tarifas no será un problema.
El verdadero problema es el de los ciudadanos que ya no tienen, no saben, no imaginan, por dónde más recortar un presupuesto familiar que antes la hacía sentir parte de una clase media que llegaba a fin de mes con margen para darse algunos gustos.
Quizás, como algunos funcionarios se animan a decir, los más perjudicados por los ajustes de tarifas no son la parte de la población de clase baja, más vulnerable y con menos recursos, porque ese segmento está siendo atendido por la “tarifa social”.
Si tenemos en cuenta la cantidad de legisladores que integran la Cámara Alta de la provincia, el presupuesto para pagar los sueldos de los 38 senadores de Mendoza es de $4.294.000 millones.
En total, solo en el sueldo de los 86 legisladores mendocinos, sumando los 48 diputados, se suma un gasto público mayor a $9.500.000 millones mensuales.
A esto, se deben sumar los 450 mil pesos anuales extras que dispone cada uno de los senadores al año para pasajes, estadías y contratos.
Como anticipamos en un artículo anterior de nuestro medio, sostener a los legisladores provinciales, le implica un gasto general al Estado provincial de más de $20 millones mensuales. Por año, esto equivale a $240 millones.
F.B.
