El Poder Ejecutivo envió este martes a la Legislatura el proyecto de modificación de la Ley 7722 que tiene por objeto reactivar la minería metalífera en la provincia. Se trata de la primera iniciativa impulsada por la gestión de Rodolfo Suarez, presentada un día después de su asunción como gobernador.
Tal como se había anticipado cuando se conoció el borrador de este proyecto, la propuesta introduce cambios sustanciales a la ley que regula la utilización de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos.
Lo más importante es que habilita la utilización de cianuro y ácido sulfúrico, sustancias que actualmente están prohibidas por la 7722. No obstante, conserva la prohibición del uso de mercurio en la provincia «en todas sus formas».
A la vez, plantea que la Legislatura ya no deberá aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los nuevos proyectos mineros. Propone que «para aquellos proyectos mineros que tengan como finalidad obtener concentrados o metales, aplicando cualquier método de explotación, e industrialización, la DIA deberá contener los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios».
También indica que se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos y que se respetarán las limitaciones establecidas por la el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (Ley 8.999) y la Ley Nacional Nº 26.639 de Preservación de Glaciares.
Entre sus fundamentos, la propuesta de reforma sostiene que «la ley 7722 fue sancionada en el año 2007 en un momento de alta conflictividad social provocada por el temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua». Hace hincapié en que en ese momento «no se contaba con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad minera metalífera» pero resalta que las legislaciones y estudios avanzaron con posterioridad para garantizar el control de la actividad.
Otro de los cambios que plantea es que la evaluación y control ambiental de la actividad minera en la provincia estará a cargo de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y crea dentro de este ámbito a la «Policía Ambiental de Actividades Extractivas», debiendo afectarse al funcionamiento de la misma, los fondos provenientes de las Tasas de Fiscalización y Control Ambiental.
Y en cuanto a la preservación y uso del agua, el Departamento General de Irrigación deberá «ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos pudiesen afectar las cuencas hídricas».
Fija también que todo proyecto minero deberá contratar un «seguro de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía equivalente y de entidad suficiente, para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales, el costo del cierre de mina y el costo de reparación, rehabilitación, recomposición y restauración de los terrenos afectados por la actividad». Señala que esa garantía deberá ser constituida a favor del Gobierno de la Provincia de Mendoza, una vez aprobada la DIA y previo al inicio de las actividades.
Por otra parte la iniciativa propone que en un plazo de 60 días luego de promulgada la ley se establezca un portal digital para acceder de forma «simple y ágil» al seguimiento de los proyectos mineros en cualquiera de sus etapas.
Si bien el proyecto descarta la ratificación legislativa de los emprendimientos mineros, se plantea la creación de una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y seguimiento de actividades extractivas en todo el territorio provincial. Esta entidad informará anualmente el estado del ambiente en la provincia en relación con la actividad minera y petrolera, y el cumplimiento o no, por parte del Poder Ejecutivo y las empresas de las normas de cuidado y preservación del agua y el ambiente.
También se habilita al Gobierno provincial a contratar auditorias internacionales para realizar informes sobre el estado de las explotaciones mineras y petroleras.
Por último, la iniciativa impulsa la creación del «Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y para Infraestructura Vial y de Servicios». Estará conformado por un porcentaje de la regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% estará destinado a financiar obras de impermeabilización de cauces, canales e hijuelas de riego como así también trabajos de sustitución de riego a manto por riego por goteo. El otro 50% irá a obras de infraestructura vial y de servicios de saneamiento preferentemente en los municipios en donde se localicen los proyectos mineros que tributan esta regalía.
