El informe publicado en los últimos días sobre los altos sueltos que cobran funcionarios de Irrigación, generó un escándalo político, además de un importante repudio por parte de los regantes. ¿Qué medidas tomarán desde el organismo?

Durante la jornada del lunes, el Superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli, le envió una nota al gobernador Alfredo Cornejo, solicitándole que eleve un proyecto de ley a la legislatura para que incluya a los funcionarios políticos del ente en la “Ley de Sueldos provincial”, para darle mayor transparencia.

¿QUÉ DICE LA DENOMINADA LEY DE SUELDOS PROVINCIAL?

La ley 8.727, que sancionó el ex gobernador Francisco Pérez en octubre de 2014 – también conocida como la ley de topes- fija como límite el sueldo del gobernador e incluye en la extensa lista a funcionarios, empleados y contratados de los tres poderes del Estado.

Artículo 1º – Establécese que ningún funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarcando la Administración Pública Central Provincial, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cuentas especiales o sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria, podrá percibir una remuneración y/o contraprestación bruta total, bajo cualquier modalidad o concepto, superior a la remuneración bruta que legalmente corresponda percibir al cargo de Gobernador de la Provincia, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el Artículo 3 de la presente Ley.

Artículo 3ºEstán exceptuados de la aplicación de la presente Ley los siguientes funcionarios de rango constitucional: Magistrados (Arts. 150 y 174 de la Constitución de Mendoza), Fiscal de Estado (Art. 177), Asesor de Gobierno (Art. 178), Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas (Art. 184), Contador y Tesorero de la Provincia (Art. 138), Superintendente y Consejeros del Departamento General de Irrigación (Art. 188).

A.C. (Redacción F.M. Viñas).