Tras el malestar de varios abogados del sur mendocino que pusieron de manifiesto ante la delegación de la Corte, acerca de supuestas irregularidades en el Juzgado de Familia de General Alvear, una investigación pudo confirmar que en ese tribunal suceden hechos de una gravedad institucional inusitada, que coloca en riesgo los intereses de personas que litigan ante la magistrada María Inés Fernández.

Si bien la propia jueza ha denunciado hechos que endilga a subalternos suyos, la investigación penal de los sucesos deja al descubierto al menos un descontrol o, lo que es peor, un manejo del tribunal plagado de sospechas, maniobras espurias, recelos laborales y filtraciones que perjudican a ciudadanos que tramitan causas allí.

El suceso más llamativo que se ha dado en los últimos tiempos, revela peleas intestinas que descubren un clima enrarecido entre quienes forman parte del equipo auxiliar de Fernández, y de ella misma con sus dirigidos.

A la magistrada la conminaron telefónicamente a tomar medidas de carácter administrativo, primero, para un grave caso de revelación de medidas decididas por la jueza que quedaron truncas al haberse filtrado la resolución de Fernández, antes de que pudiera concretarse por los oficiales de justicia.

El caso en cuestión se dio en el marco de una demanda por cuota alimentaria que una ciudadana alvearense le inició a su ex pareja, tras haberse retirado de la casa ella, a pesar de ser la propietaria del inmueble.

La juez hizo lugar a una serie de solicitudes de la actora, entre las que figuraban, la restitución de la propiedad y la exclusión del demandado.

Todo se iba a hacer en forma simultánea con un inventario que permitiera verificar los bienes muebles que había en esa casa al momento del cumplimiento de la orden de la jueza para que el demandado saliera de la propiedad.

Sin embargo, al llegar los funcionarios judiciales a la casa, se encontraron con que ya no quedaba nada: ni el demandado estaba en el lugar, ni ningún mueble formaba parte ya del decorado hogareño; apenas quedaba un calefón, un equipo de música y un par de cortinas.

Según denunció la jueza, apoyada en una muy oportuna como breve serie de mensajes vía WhatsApp entre la abogada del demandado y la prosecretaria del tribunal, Andrea González, supuestos anticipos por parte del Secretaria Laura Shmockel, un día antes de las medidas a realizarse en la propiedad en cuestión, pudieron haber provocado el vaciamiento del inmueble.

La jueza se basa en lo que le cuenta su prosecretaria González: que el abogado del hombre demandado se puso en contacto con ella por wspp preguntándole «si era cierto que» ese señor «iba a ser excluido del domicilio».

A lo que la prosecretaria respondió «que no sabía» ya que esta fue «apartada de la causa» en diciembre de 2018, por enemistad con la actora.

Sin embargo, horas después la abogada del demandado, volvió a comunicarse por la misma vía con la prosecretaria González, escribiéndole: «Ya intervino Pili, apelará. Y él pela la casa» y que esa tal Pili «habló con alguien», para enterarse de antemano de las medidas judiciales.

Lo llamativo de esos mensajes es que la prosecretaria González, a quien la misma jueza había apartado de la causa el año anterior, estaba lo suficientemente informada del movimiento del expediente como para poder escribirle y asegurarle a la abogada del demandado «mirá que no hay nada notificado: ni abogados ni partes. Lo que sabe él es por boca de la actora. Del Juzgado no salió nada».

Sorpresivamente, esos mensajes de WhatsApp revelan una supuesta confesión de la abogada del demandado: «Laura le contó a Pili»; y abruptamente concluyen esas comunicaciones cuando la prosecretaria le pregunta «¿Cómo que Laura le contó a Pili».

Esa Laura sería Shmockel, la secretaria. Y esa es la prueba que apareció en el juzgado para que la magistrada pudiera reclamar en un escrito enviado el 20 de marzo al delegado de la Corte, Darío Bermejo, solicitando «iniciar formal sumario administrativo la Secretaria del Juzgado».

Al mismo tiempo, la jueza de familia reclamó para con Shmockel «su inmediata desafectación como Secretaria de este Juzgado».

Mientras se analiza si esos mensajes son verdaderos, lo que llama la atención de los investigadores es que la jueza hace rato que tiene problemas con su secretaria. Cosa que ella misma dejó ver en el escrito del 26 de marzo pasado, enviado a Bermejo, donde hace una descripción descalificadora contra Shmockel.

Frases tales como «he intentado por todos los medios llamar a la reflexión la Sra. Secretaria respecto a sus errores, marcándoles los mismos e instándola a enmendarlos».

También llegó a escribirle al delegado de la Corte que la secretaria «ha ido de mal en peor» y hasta dio a entender que Shmockel atiende «a puertas cerradas a profesionales» y que le ha recordado que «está prohibido el asesoramiento a particulares por parte de los funcionarios», en lo que surgió como una imprecisa pero grave acusación, sin revelar hechos concretos ni pruebas puntuales.

Fernández misma admite que todo esto genera un «clima hostil en todo el personal del Juzgado» y que ella «no lo puede dejar pasar por alto».

Todo esto lo describe la jueza con el agregado de endilgarle a su Secretario «palabras impertinentes y trato irrespetuoso».

Ciertamente, la beligerancia reinante en ese tribunal, ha generado sospechas en los que llevan adelante la investigación penal, acerca de la verosimilitud e intenciones que subyacen en cada acusación. Pero al mismo tiempo, también ha motivado una honda preocupación en la Delegación de la Corte, sobre cuánto puede estar afectando todos estos encontronazos entre funcionarios que tienen a su cargo delicadas causas en un juzgado de familia.

Las causas, tanto penal como administrativa, transitan por etapas avanzadas, por lo que se esperan novedades para los próximos días, mientras se verifica con todo ello, que lo denunciado por abogados que litigan en ese tribunal, no estaría alejado de la realidad.

Fuente: Sitio Andino / A.C.